En muchas ocasiones, las empresas no son conscientes de los beneficios que pueden obtener al contratar empleados con discapacidad. Además de ser una oportunidad para fomentar la inclusión y diversidad en el ámbito laboral, existen incentivos fiscales que pueden resultar muy beneficiosos para las compañías. En este artículo, vamos a describir cómo sacar provecho de estos incentivos fiscales y dar algunas pautas legales prácticas para, hacerlo.
En primer lugar, es importante conocer qué se entiende por persona con discapacidad desde un punto de vista legal. Según la legislación vigente en muchos países, un empleado con discapacidad es aquél que tiene reconocida una minusvalía igual o superior al 33%, ya sea física, psíquica o sensorial. Este porcentaje puede variar dependiendo del país o la región.
A continuación, es necesario identificar qué tipo de incentivos fiscales están disponibles en cada país. Por lo general, estas ventajas se traducen en deducciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS) o en bonificaciones a la Seguridad Social. Estos incentivos buscan facilitar la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad y pueden variar según el grado de minusvalía del empleado contratado.
Por ejemplo, supongamos que una empresa decide contratar a una persona con discapacidad del 33% al 65%. En algunos países como España, esta acción les permitiría acceder a una bonificación anual en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por cada trabajador contratado. Si el grado de discapacidad fuera superior al 65%, la bonificación podría ser aún mayor.
Además de las bonificaciones en la Seguridad Social, también es posible obtener deducciones fiscales por la contratación de personas con discapacidad. E,n el caso del Impuesto sobre Sociedades (IS), las empresas pueden deducir un porcentaje del salario anual del trabajador contratado. No obstante, para acceder a estos beneficios, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos en la legislación de cada país.
En este sentido, resulta crucial cumplir con los siguientes pasos:
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Informarse sobre las condiciones y requisitos específicos que rigen en el país o región donde se encuentre la empresa. Esto incluye identificar si hay algún límite máximo de deducción o bonificación y conocer las normativas locales aplicables.
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Asegurarse de que el empleado contratado cuenta con el certificado oficial emitido por la entidad competente que acredita su grado de discapacidad.
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Cumplir con todas las obligaciones formales exigidas por la legislación local. Esto puede incluir presentar documentos ante organismos públicos, mantener registros actualizados y llevar a cabo procedimientos específicos para solicitar los incentivos fiscales.
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Establecer un contrato laboral acorde a las necesidades del empleado y respetar sus derechos fundamentales. Es fundamental tener en cuenta aspectos como jornada laboral, horarios flexibles y adaptaciones necesarias para garantizar su bienestar e integración en el entorno laboral.
Una vez se haya llevado a cabo la contratación siguiendo estos pasos y cumpliendo con los requisitos legales, es posible aplicar las deducciones y bonificaciones en la declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS) y en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Es importante recordar que estos beneficios fiscales no deben ser la única motivación para contratar empleados con discapacidad, sino una herramienta que facilite su inclusión en el mercado laboral.
En conclusión, aprovechar los incentivos fiscales por contratar empleados con discapacidad es una oportunidad para promover la inclusión laboral y fomentar la diversidad en las empresas. Además de ser una acción socialmente responsable, puede resultar ventajosa desde un punto de vista económico al reducir la carga fiscal de las compañías. No obstante, es fundamental seguir las pautas legales establecidas y cumplir con todos los requisitos exigidos para acceder a estos beneficios.
